ANDE rinde cuentas sobre resultados de intervenciones a criptominerías ilegales

La Administración Nacional de Electricidad rinde cuentas a la ciudadanía sobre los resultados de las últimas intervenciones realizadas a granjas de criptominería en todo el país en conjunto con el Ministerio Público. Solo este año, las conexiones irregulares implican un daño patrimonial de más de 13.000 millones de guaraníes en forma mensual, según explica el ing. Félix Sosa, presidente de la ANDE.

Desde 2019, se han realizado un total de 67 intervenciones a granjas de criptominerías conectadas de manera ilegal. Y en lo que va del año 2024, se han realizado 20 intervenciones de gran magnitud, que representan unos 63.750 KVA de potencia. “Esta carga, por ejemplo, representa el 30% de la potencia nominal de la Central Hidroeléctrica Acaray”, explica el ing. Félix Sosa, presidente de la ANDE.

La última intervención realizada en la ciudad de Saltos del Guairá fue la mayor realizada hasta la fecha, con 2.738 equipos procesadores de criptomonedas, 5 transformadores de distribución, uno con una capacidad de 3.150 kVA y 4 transformadores sin placa de aproximadamente 1.000 kVA, lo que totaliza una potencia instalada de 7.150 kVA.

La metodología utilizada para identificar conexiones irregulares a gran escala es el monitoreo del comportamiento en los últimos 5 meses de los niveles de corriente registrados en el alimentador (SGA5) que abastecía a cada zona, utilizando el sistema SCADA y software de Inteligencia Artificial. La presentación del informe se realizó durante una conferencia de prensa, con participación del gerente comercial, ing. Hugo Rolón y el Asesor Legal, el Dr. Nelson Medina.

La criptominería ilegal genera millonarias pérdidas a la ANDE y afectan la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico a la población. Actualmente se encuentra en estudio un Proyecto de Ley de modificación del Art. 173 del Código Penal, para aumentar la pena privativa de libertad a cinco años o con multa para aquellos suministros en baja tensión y de hasta 10 años más multa, para suministros en media tensión y niveles superiores.