La crisis política y social en Bolivia no para de evolucionar sin solución visible. Aunque el presidente Rodrigo Paz inició un proceso de reorganización de su Gobierno e invitó a los manifestantes al diálogo, los sindicatos rechazaron en medio de las feroces protestas y continúan provocando bloqueos y disturbios en diferentes puntos del país. La tensión interna ya escala con fuerza al ámbito regional, como respuesta al apoyo expresado por Gustavo Petro, presidente de Colombia, a los seguidores del expresidente Evo Morales.
En el marco de una grave crisis marcada por protestas sindicales e indígenas que exigen la renuncia del mandatario, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, inició la reorganización de su gabinete con el nombramiento del abogado Williams Bascop como nuevo ministro de Trabajo, en sustitución del dimitido Edgar Morales.
Durante la ceremonia de investidura, Bascop reiteró el llamado al diálogo, expresó su esperanza de paz y avanzó a favor de una negociación sólida para resolver el conflicto. «Es un momento difícil, pero debemos salir de esta crisis comenzando con el diálogo. Bolivia es una y los bolivianos son un solo pueblo», declaró el nuevo ministro.
El cambio de Gabinete forma parte de la reorganización gubernamental anunciada por el Primer Ministro, quien prometió abrir una «nueva etapa» de gestión tras semanas de movimientos, bloqueos y tensiones políticas impulsadas por sindicatos y sectores afines al expresidente Evo Morales.
Paz anunció, además, la creación de un Consejo Económico y Social integrado por representantes de distintos sectores políticos, sindicales y sociales, que buscará incorporar a organizaciones sociales, sindicales y actores políticos a la gestión gubernamental. También aseguró que Bolivia «no volverá al pasado», sino que avanzará hacia un modelo económico «inclusivo», basado en la reconciliación, el diálogo y la cooperación.
Al anunciar la remodelación del gabinete, el presidente Paz dijo que su compromiso es fomentar la «reconciliación» con sectores de la sociedad civil dispuestos a dialogar, tras el impacto inicial aplicado para estabilizar la economía. Sin embargo, las organizaciones civiles que llevan semanas protestando en Bolivia no aceptaron el diálogo, según anunciaron los principales sindicatos, dispuestos de convocar a una nueva manifestación para exigir la renuncia del jefe de Estado.
La Central Obrera Boliviana (COB) y la Asamblea de Maestros Rurales afirman que no se han atendido las principales demandas y han confirmado la realización de marchas que, como en los últimos días, intentarán romper el cordón de seguridad establecido por las fuerzas del orden en torno a la Plaza Murillo, en La Paz, donde se ubican los principales edificios gubernamentales.
“Si no hay respuesta, las protestas se radicalizarán”, amenazan los manifestantes. En este contexto, los líderes de la policía y el ejército de Bolivia han anunciado el fortalecimiento del cordón de seguridad en el centro de la capital, con la instalación de barreras y vallas de contención.
«Estamos tomando las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de la Plaza Murillo», declaró el subdirector de la policía, Martín Gálvez. «Esperamos que los manifestantes se abstengan de las acciones anunciadas. La policía boliviana está vigilante y preparada para cualquier situación», agregó.
«Estamos en un punto de inflexión», afirmó Paz durante una conferencia en el Palacio de Gobierno, donde sostuvo que, tras las medidas adoptadas para estabilizar la economía y combatir la corrupción, su administración escuchó las demandas de una mayor participación social en la toma de decisiones.
Por el momento, el presidente Paz, pidió a los manifestantes que mantienen bloqueados los accesos a La Paz habilitar un corredor humanitario para permitir el ingreso de alimentos y medicamentos a la capital del país, hoy sitiada en medio de la crisis política.
El plano internacional
La crisis boliviana también fue abordada en la Organización de los Estados Americanos, donde el secretario general, Albert Ramdin, expresó su respaldo al gobierno de Paz y a las instituciones democráticas bolivianas. «La Secretaría General de la OEA apoya al gobierno democráticamente electo de Bolivia», afirmó ante el Consejo Permanente del organismo, al tiempo que llamó a todas las partes a entablar un «diálogo inclusivo y fructífero» y condenó los actos de violencia y las interrupciones en servicios esenciales.
Horas antes, la representación boliviana ante la OEA denunció que las protestas opositoras buscan «socavar el orden constitucional» y vulnerar derechos fundamentales mediante el bloqueo del acceso a alimentos, medicamentos y servicios básicos.
Por otra parte, las manifestaciones de apoyo del presidente de Colombia a las protestas sindicales e indígenas en Bolivia –calificándolas de un «levantamiento popular» legítimo- provocaron una crisis en las relaciones binacionales. Rodrigo Paz expulsó al embajador de Colombia de su país, acusando a Gustavo Petro —considerado cercano al expresidente Evo Morales— de «interferir en asuntos internos». En reciprocidad, también el representante de Bolivia fue expulsado de Colombia.
Por otra parte, el gobierno de Javier Milei se vio obligado a negar haber enviado ayuda militar al presidente Paz. “Transportamos 80 toneladas de alimentos para sortear los bloqueos impuestos por personas afines al (expresidente) Evo Morales”, aseguró el canciller de Argentina, Pablo Quirno. Precisó que los aviones Hércules enviados a La Paz transportaban únicamente ayuda humanitaria destinada a paliar la escasez de suministros en la capital, cuyo acceso ha estado bloqueado por manifestantes durante semanas.
El ministro Quirno también acusó a grupos afines a Morales de difundir noticias falsas en Argentina “para justificar las acciones de la oposición en Bolivia, cuyo objetivo es desestabilizar al gobierno”. También mencionó haber conversado sobre la situación en Bolivia con funcionarios de Estados Unidos, Israel y otros líderes regionales, quienes expresaron su preocupación por la situación en el país andino.
“Lo que está sucediendo en Bolivia es un proceso de desestabilización y sedición, dado que el objetivo declarado de los grupos que protestan es forzar la renuncia del presidente”, asegura el canciller de Argentina, Pablo Quirno.
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