
En el Centro Penitenciario de Mujeres “Serafina Dávalos”, ubicado en Coronel Oviedo, Caaguazú, las mujeres privadas de libertad se capacitarán en educación sanitaria y se formarán como “promotoras de la salud”, en el marco de un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Justicia y la Asociación Grupo Ñepyru. El proyecto también se articula con el Hospital General de Coronel Oviedo para garantizar el acceso a derechos y el bienestar en el contexto penitenciario.

Representantes del Ministerio de Justicia y la Asociación Grupo Ñepyru se encuentran coordinando el cronograma de talleres y capacitaciones que permitirán dotar a las internas de herramientas clave para el cuidado comunitario de la salud.
La iniciativa no solo apunta a la prevención y detección temprana de patologías dentro del penal, sino también a consolidar una red interna de promotoras que replique estos conocimientos, garantizando así un enfoque en derechos humanos.
La iniciativa forma parte del “Programa de Educación Sanitaria y formación de promotores de salud para la prevención, detección y adherencia a tratamientos en mujeres privadas de libertad”, una iniciativa impulsada por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) y organizaciones aliadas, enmarcada en el proyecto «Acceso a Justicia y derechos humanos de personas privadas de libertad», con el apoyo de la Unión Europea.
La reunión realizada en la fecha, 21 de mayo, contó con la participación de la directora del Centro Penitenciario de Mujeres “Serafina Dávalos”, Irma Ortiz; la encargada de Reinserción, Carolina Jiménez; la representante del área de Sanidad, Delia Gómez; y la asesora jurídica y nexo del área de Vulnerabilidad, Noemí Ortiz.
Por parte de la Asociación Grupo Ñepyru participaron Matilde Fernández, Carlos Mendoza, Diana Mendoza, quien además acompañó la actividad en representación del Hospital General de Coronel Oviedo desde el área de Trabajo Social, cumpliendo un rol fundamental en el proyecto.
Con esta iniciativa, el Ministerio de Justicia impulsa el acceso a la salud de las mujeres privadas de libertad, así como la prevención y la protección de sus derechos humanos, mediante un trabajo coordinado con organizaciones e instituciones aliadas.