Bolivia atraviesa una de las crisis políticas más delicadas de los últimos años. El presidente Rodrigo Paz se encuentra atrapado entre protestas sociales, bloqueos de carreteras y crecientes demandas de renuncia, lo que amenaza la estabilidad del gobierno instalado el 8 de noviembre. En este marco, 10 países de la región, incluyendo Paraguay, emitieron una declaración conjunta instando al “diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social”.
Según medios locales, las protestas se originaron por las demandas salariales de maestros y sindicatos, las protestas de camioneros por la calidad del combustible y las protestas indígenas contra la reforma agraria.
Los violentos enfrentamientos entre mineros y la policía estallaron el 14 de mayo en el centro de la ciudad de La Paz, con la protesta contra el gobierno del presidente boliviano, Rodrigo Paz. Según testigos, los manifestantes intentaron llegar a la Plaza Murillo, sede del palacio presidencial, lanzando dinamita y piedras contra las fuerzas del orden.
Las protestas, apoyadas también por sindicatos agrícolas y maestros rurales, exigen mayor acceso a combustible y explosivos para el sector minero, además de medidas urgentes contra la crisis económica agravada por la escasez de dólares y la caída de la producción energética interna.
También pidieron la renuncia de Paz, electo hace apenas seis meses con la promesa de reactivar la economía. El gobierno, según los principales medios locales, acusa a la oposición y al expresidente Evo Morales de fomentar las protestas. Lo cierto es que, en La Paz, los violentos enfrentamientos entre mineros y policías, con el uso de dinamita, transformaron el centro de la capital en un campo de batalla.
Con el paso de los días, las tensiones aumentaron. La Federación Túpac Katari inició bloqueos «indefinidos» en la meseta, exigiendo directamente la destitución del presidente, mientras que líderes de la Central Obrera Boliviana (COB) y del movimiento aymara Rojo Ponces se sumaron a las protestas.
En el centro de la capital se registraron actos de vandalismo contra edificios públicos, mientras los bloqueos de calles están causando escasez de alimentos, medicinas y oxígeno en los hospitales.
A la fecha, continúan los enfrentamientos en La Paz y los pedidos de dimisión del presidente Paz, por parte de los mineros bolivianos. Hay explosiones y barricadas en el centro. Crece la crisis económica y social en Bolivia.
El bloqueo de las carreteras en los alrededores de La Paz y El Alto se ha prolongado durante dos semanas, mientras que los partidarios de Evo Morales han ocupado el aeropuerto de Chimoré, en el departamento de Cochabamba, por segundo día consecutivo.
Los principales medios bolivianos informaron que los manifestantes, vinculados a los productores de hoja de coca -que apoyan al expresidente- bloquearon la carretera con piedras y troncos para impedir posibles operativos policiales contra Morales, buscado por la justicia boliviana por presuntos delitos de trata de personas y abuso infantil.
Al menos 15 puestos de control permanecen activos en el departamento de La Paz, donde en las últimas horas se han producido enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad durante la Operación «Corredor Humanitario», organizada por el gobierno para garantizar el paso de combustible y suministros.
Sin embargo, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, negó los informes que circulaban en redes sociales sobre supuestas muertes durante las operaciones de limpieza, calificándolos de «absolutamente falsos», y aseguró que las fuerzas del orden no utilizaron armas letales.
Este fin de semana, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, desmintió la información que circulaba en círculos sociales sobre supuestos fallecidos durante las labores de limpieza, calificándola de «absolutamente falsa», y aseguró que las fuerzas del orden no utilizaron armas letales. El gobierno de Rodrigo Paz también confirmó que hoy se ha puesto en contacto con sindicatos, mineros y organizaciones sociales con el objetivo de reabrir el diálogo y reducir las tensiones en el país andino.
El bloqueo de las carreteras en los alrededores de La Paz y El Alto se ha prolongado durante dos semanas, mientras que los partidarios de Evo Morales han ocupado el aeropuerto de Chimoré, en el departamento de Cochabamba, lo que dejó a la capital de Bolivia como una ciudad “sitiada”.
Los manifestantes, vinculados a los productores de hoja de coca que apoyan al expresidente, bloquearon la carretera con piedras y troncos para impedir posibles operativos policiales contra Evo Morales, buscado por la justicia boliviana por presuntos delitos de trata de personas y abuso infantil.
Al menos 15 puestos de control permanecen activos en el departamento de La Paz, donde en las últimas horas se han producido enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad durante la Operación «Corredor Humanitario», organizada por el gobierno para garantizar el paso de combustible y suministros.
Fracasa el «Corredor Humanitario»
La crisis boliviana se intensificó este fin de semana en medio de la crisis parcial de la operación «Corredor Humanitario», lanzada por el gobierno del presidente Rodrigo Paz para despejar las carreteras bloqueadas durante más de diez días.
Más de 3.000 efectivos policiales y militares, dirigidos por los comandantes Mirko Sokol y Víctor Hugo Balderrama, fueron desplegados a lo largo de las principales carreteras del país para permitir el paso de camiones cisterna, camiones de carga y ayuda esencial en La Paz y El Alto.
Las autoridades afirmaron que los jóvenes soldados no portaban armas letales. Más de 15 puntos de control en la carretera de Laja fueron despejados durante la madrugada, pero pocas horas después, muchos manifestantes recuperaron el control de las barricadas.
La situación más crítica persiste en El Alto, donde continúan los enfrentamientos entre la policía y manifestantes armados con dinamita. El comandante de la Policía de La Paz, Juan Sotopeña, confirmó que varios agentes resultaron heridos y al menos 25 personas fueron arrestadas por uso de explosivos, vandalismo y posesión de grandes sumas de dinero en efectivo. En algunas zonas, los agentes se vieron obligados a retroceder debido a la violencia de los manifestantes.
El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, descartó el uso de armas letales por parte de las fuerzas de seguridad, calificando el operativo como «profesional, pacífico y conforme a la Constitución». Gálvez también informó de ataques contra periodistas y la detención temporal de trabajadores de medios de comunicación en puntos de control.
«No pediremos que se produzcan pérdidas de sangre», declaró, dando a entender que la crisis había causado tres muertes por falta de atención médica durante el bloqueo de la calle principal de la capital.
La declaración conjunta de 10 países
“Manifestamos nuestra preocupación por la situación humanitaria en Bolivia, producto de las protestas y bloqueos de carreteras que han derivado en el desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales para la población”, refiere un comunicado conjunto de las repúblicas de Argentina, Chile; Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, El Salvador y Guatemala.
“Rechazamos toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático, y alterar la institucionalidad del Gobierno constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, elegido democráticamente en las Elecciones Generales realizadas en 2025”, sostienen los países de la región.
“En este sentido, reiteramos nuestra solidaridad con el Gobierno y el pueblo bolivianos y exhortamos a todos los actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias privilegiando el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social”, finaliza la declaración conjunta.
Morales niega acusaciones
«El gobierno ha traicionado a los votantes; es el pueblo el que se está rebelando», declaró el expresidente boliviano Evo Morales, al tiempo de rechazar las acusaciones de ser responsable de las numerosas protestas que se desarrollan en todo el país contra el gobierno de Rodrigo Paz. Según el exmandatario, “las manifestaciones son espontáneas y están motivadas por la indignación ante la alta inflación y la crisis energética”.
“El gobierno boliviano y la derecha llevan mucho tiempo diciendo que soy un cadáver político, incapaz de movilizar a nadie. Sin embargo, siguen culpándome de todos los problemas del país”, ironizó Evo Morales. “Hasta que no se atiendan las demandas estructurales como las relacionadas con el combustible, los alimentos y la inflación, el levantamiento no se detendrá”, agregó.
Morales había convocado a manifestaciones contra el gobierno la semana pasada luego de que el sistema judicial emitiera una nueva orden de arresto en su contra como parte de un juicio en el que está acusado de trata de personas, pero el llamado del expresidente se produjo en un contexto de crecientes tensiones por las protestas que ya estaban en marcha por parte de sindicatos campesinos, mineros y obreros.
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