Cada 29 de abril, en Paraguay se promueve el respeto y la conciencia sobre los derechos humanos de los adultos mayores, cuya población estimada es de 784.803 personas de 60 y más años de edad, el 13% del total, según datos del Instituto Nacional de Estadística, INE. Para ellos, el Gobierno introdujo, por primera vez en la historia del país, una pensión universal mensual que se aplica de forma automática y gradual. Este 2026 incluirá la totalidad de los mayores de 68 años.
“El Presupuesto General de Gastos de la Nación establece 30.000 nuevas inclusiones por año, de las cuales hay un promedio de 800 a 1.000 bajas por mes. Eso significa que hay aproximadamente 38.000 nuevos beneficiarios por año”, explica Tadeo Rojas, el titular del Ministerio de Desarrollo Social, MDS.
Este beneficio tiene como antecedente de la Ley N° 3728/2009, que establecía una “pensión alimentaria para personas adultas mayores en situación de pobreza”. Sin embargo, bajo el Gobierno de Santiago Peña, la normativa fue reemplazada y ampliada por la Ley N° 7322/2024, asignando una “Pensión Universal” en beneficio de la salud y la calidad de vida de las personas adultas mayores en general.
La nueva ley eliminó la exclusión, ampliando el beneficio a todos los mayores de 65 años paraguayos con residencia, a los pueblos originarios (desde 55 años) y a las personas con discapacidad severa (desde 60 años). Solo excluye a personas que perciben salario del sector público o privado, los que se encuentren cobrando otra pensión o sean jubilados, los contribuyentes a la Renta y los que poseen más de 30 cabezas de ganado.
La realidad que desafía: Informe del INE
Las cifran divulgadas en la fecha por el Instituto Nacional de Estadística, INE, dan cuenta que una proporción significativa de los adultos mayores del país todavía se encuentra laboralmente activa. Cerca de 45,3% de la población mayor de 60 y más años, todavía trabaja. Hay 355.343 adultos mayores en distintos puestos laborales, de los cuales, 219.131 son hombres y 136.212 son mujeres.
Los datos publicados por el INE, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores -instituido por la Ley N.º 4792/12-, indican que del total de adultos mayores en Paraguay, el 52,7% son mujeres y 47,3% hombres.
En cuanto a los niveles de pobreza, el 12,2% de las personas mayores se encuentra en situación de pobreza total, que incluye pobres extremos y no extremos. Esto es más pronunciado en áreas rurales, donde asciende a 19,5%, mientras que en las urbanas no supera el 9,3%. Los departamentos con mayor incidencia son Concepción (23,3%), Caaguazú (22,0%) y San Pedro (20,6%).
Por otra parte, los datos del INE refieren que el 46,2% de las personas adultas mayores vive en hogares extendidos, pero hay un 12,3% que vive en la soledad, revelando posibles escenarios de vulnerabilidad afectiva y económica.
Una mayoría del 61% de los adultos mayores tiene hasta seis años de escolaridad, mientras que el 21% tiene hasta doce años de educación formal, y existe un 12% de personas en esta franja que cuenta con estudios terciarios o universitarios. Por otra parte, la tasa de analfabetismo entre los adultos mayores es del 6% en las ciudades, y 16% en el campo.
La mayor parte vive en las ciudades: un total de 560.939, mientras que 223.864 reside en el campo. De los que aún trabajan, el 58,6% lo hace por cuenta propia. Y entre los asalariados, cerca de la totalidad, el 40,5%, aporta a un sistema de jubilación, como empleados u obreros del sector público o privado.
Por otra parte, la mayoría de los adultos mayores paraguayos están casados: se registran 359.001 unidos en matrimonio, mientras que hay 262.581 separados viudos o divorciados, 89.101 en pareja y 74.120 solteros. En cuanto a la salud, el 30% cuenta con cobertura del Instituto de Previsión Social, y el 8% con otro tipo de seguro. Esto indica que un 38,6% posee algún tipo de seguro médico (30,4% IPS y 8,2% otros), mientras que el 61,4% no cuenta con cobertura.
La información del INE se basa en los datos de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2025, en compromiso con la generación de estadísticas actualizadas y representativas que sirvan de base para políticas públicas dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, en el ejercicio pleno de sus derechos, y para la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.