El Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó los principales indicadores de pobreza monetaria para el período 2022‑2025, basados en la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), que muestran una mejora significativa en las condiciones sociales del país. La pobreza monetaria total, que incluye extrema y no extrema, se ubicó en el 16,0 % en 2025, cifra que representa alrededor de 985 000 personas cuyos ingresos per cápita son inferiores al costo de una canasta básica de consumo. En el área urbana, la incidencia es de 13,6 % (unos 597 000 personas), mientras que en el área rural se sitúa en 22,1 % (aproximadamente 388 000 personas), lo que refleja avances en ambos entornos, aunque con brechas territoriales todavía importantes.
En términos de pobreza extrema, la incidencia nacional fue de 2,4 % en 2025, equivalente a unas 147 000 personas cuyos ingresos per cápita están por debajo del costo de la canasta básica de alimentos. En el área urbana, la tasa es de 1,2 % (unos 51 000 habitantes), mientras que en el área rural alcanza el 5,5 % (alrededor de 96 000 personas). Este descenso se suma a una tendencia de reducción sostenida: entre 2024 y 2025, la pobreza total nacional bajó 3,6 puntos porcentuales, pasando del 19,6 % al 16,0 %, con una caída de 3,3 puntos en el área urbana (de 16,9 % a 13,6 %) y de 4,2 puntos en el área rural (de 26,3 % a 22,1 %). De igual manera, la pobreza extrema nacional disminuyó 1,3 puntos (de 3,7 % a 2,4 %), con reducciones de 0,8 puntos en el urbano (1,9 % a 1,2 %) y de 2,7 puntos en el rural (8,2 % a 5,5 %).
Estos resultados destacan el impacto positivo de los programas sociales del gobierno, como Tekoporã, Hambre Cero y Adultos Mayores, que tuvieron un fuerte efecto de contención de la pobreza monetaria. Según los cálculos del INE, estos programas evitaron que la pobreza total alcance el 19,9 %, es decir, que cerca de 239 000 personas se mantengan por encima de la línea de pobreza. Además, impidieron que la pobreza extrema suba al 4,8 %, salvando de este nivel de vulnerabilidad a alrededor de 150 000 personas. Esta cifra refuerza la importancia de las políticas focalizadas y de transferencias monetarias como instrumentos clave para preservar la estabilidad social y proteger a los sectores más vulnerables ante la inflación y los shocks económicos.
En el plano territorial, la pobreza total sigue siendo mayor en varios departamentos del interior, con Concepción liderando la lista (28,7 %), seguido por Caazapá (25,1 %), San Pedro (24,8 %), Guairá (24,3 %), Paraguarí (23,0 %), Caaguazú (22,9 %), Itapúa (22,3 %), Canindeyú (21,7 %), Misiones (20,5 %), Ñeembucú (16,8 %), Cordillera (16,2 %) y Alto Paraná (15,1 %). En contraste, el eje más dinámico concentra las tasas más bajas: Presidente Hayes (12,6 %), Amambay (14,1 %), Central (9,9 %) y Asunción (6,0 %), lo que refleja una heterogeneidad regional que el gobierno debe seguir atendiendo con políticas territoriales diferenciadas. En pobreza extrema, Concepción (6,7 %) y San Pedro (5,8 %) concentran las mayores incidencias, mientras que Asunción registra apenas 0,1 %, lo que evidencia un progreso notable en la capital pero también la persistencia de focos críticos en el interior.
Para el gobierno, estos datos representan una validación cuantitativa de la política social impulsada en los últimos años, que combina transferencias directas, mejoras en la educación y la alimentación escolar y una actualización metodológica más rigurosa de los indicadores. La incorporación de los factores de ponderación derivados del Censo 2022 y la valorización del Almuerzo Escolar, que considera el aporte energético de los platos del menú, muestran una mejora en la calidad y precisión de las estadísticas de pobreza. Esto, sumado a la participación del Comité Técnico Interinstitucional de Pobreza, fortalece la credibilidad de las cifras y permite al Estado diseñar intervenciones más focalizadas. En conjunto, la reducción de casi 4 puntos en la pobreza total y de más de 1 punto en la pobreza extrema en un solo año consolida un avance social que, desde el punto de vista del gobierno, respalda su gestión, refuerza su legitimidad y sienta bases para continuar profundizando la inclusión y la equidad en el mediano plazo.