“¡Venezuela recibe a sus héroes!”, publicó María Corina Machado en su cuenta de X. El país registró desde este domingo el mayor número de excarcelaciones de presos políticos desde el inicio del proceso a principios de enero, con al menos 104 liberaciones confirmadas por la ONG Foro Penal. Sin embargo, defensores y abogados advierten las excarcelaciones no son de libertad plena y aseguran que la situación plantea un nuevo “drama humano”.
La liberación se produce en medio de intentos del gobierno por distender un ambiente político tenso tras la captura del depuesto gobernante Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Hasta el lunes 26 de enero, Foro Penal verificó un total de 266 excarcelaciones de presos políticos. El hecho responde al anuncio oficial de liberación de “un número significativo de detenidos”, que fue dado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el 8 de enero pasado.
La presidente interina, Delcy Rodríguez, había afirmado que se liberaron 626 personas, aunque organizaciones independientes cuestionan la veracidad de estas cifras y exigen una mayor transparencia.
Entre las liberaciones de este domingo, se destacaron reencuentros emotivos en el pueblo de Motatán, estado Trujillo, donde la comunidad celebró la excarcelación de Engelbert Abreu y Yorman González, quienes habían estado detenidos arbitrariamente durante más de un año. Imágenes difundidas en redes sociales muestran a ambos enarbolando juntos la bandera venezolana, mientras allegados y vecinos expresaban alegría y celebración por su regreso.
Otro momento conmovedor fue el de Derwuinson Colina, liberado del penal de Tocorón después de ser detenido durante las protestas postelectorales de agosto de 2024. Sin embargo, defensores de derechos humanos advierten que muchas de estas excarcelaciones no son plenas.
Entre los liberados el lunes 26 de enero se encontraba Gabriel Rodríguez, de 17 años, condenado a diez años de prisión, acusado de «terrorismo» solo por el hecho de haber encontrado imágenes críticas al gobierno en su teléfono celular.
Alí Daniels, abogado de la ONG Acceso a la Justicia, dijo a ANSA: «Estamos ante excarcelaciones, no son liberaciones plenas, se trata de liberaciones con imposición de medidas que limitan la libertad plena de personas que ya previamente habían sido detenidas arbitrariamente. Lo que debería proceder es la libertad plena«.
El abogado de Acceso a la Justicia enfatizó que se trata de liberaciones con condiciones que limitan la libertad de quienes ya habían sido detenidos arbitrariamente. «Es un drama humano», comentó, resaltando el sufrimiento que enfrentan las familias de los detenidos por la falta de información.
El abogado Alfredo Romero, del Tribunal Penal, confirmó que el joven fue detenido el 9 de enero de 2025, cuando apenas tenía 16 años.
“Libertad plena” y cese de la «puerta giratoria»
El director de la ONG Acceso a la Justicia pidió un gesto humanitario al gobierno de Rodríguez publicando la lista, a su juicio «eso le quitaría drama y dolor a lo que hemos estado viviendo en Venezuela. Solo la duda sobre la liberación de los presos políticos plantea un proceso de revictimización de personas que ya inicialmente fueron detenidas de forma arbitraria».
La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) criticó la «opacidad estratégica» del proceso, que parece depender de un «azar incomprensible». Por su parte, el abogado Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad de la ONG Provea, había estimado extraoficialmente hasta 400 excarcelaciones al inicio del proceso, pero advirtió sobre la lentitud y arbitrariedad.
Alvarado cuestionó métodos «lamentables» y exigió libertad plena, así como el cese de la «puerta giratoria», en referencia a la detención de otras personas opositoras mientras ocurren las excarcelaciones.
Mientras tanto, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a partidos opositores y está alineada con María Corina Machado, solicitó una lista oficial detallada para verificar identidades y el estatus legal de los beneficiados.
A pesar de las recientes liberaciones, organizaciones coinciden en que persisten cientos de detenidos por motivos políticos, y que es urgente implementar reformas para prevenir futuras detenciones arbitrarias. Por otro lado, las medidas oficiales no han priorizado la liberación de personas adultas mayores o con problemas de salud, sugiriendo la necesidad de un sistema de prioridades transparente.
Fuente: @ansa.it