Desde el 10 de noviembre de 2025, cuando se reglamentó la nueva Ley de Mipymes, el Ministerio de Industria y Comercio emitió 470.410 cédulas Mipymes en todo el país, mediante la implementación de un sistema de automatizado que facilita el registro. De esta manera, avanza el acceso a beneficios orientados a fortalecer la competitividad, reducir barreras de acceso a la formalidad y consolidar un ecosistema más inclusivo.
Del total de cédulas Mipymes emitidas desde la entrada en vigor de la Ley N° 7444/2025, unas 433.191 corresponden a microempresas, 28.887 a pequeñas empresas y 8.332 a medianas empresas. Los datos reflejan el impacto del nuevo modelo de gestión, especialmente en el segmento de las microempresas, principal objetivo de la política de formalización.
La Ley N° 7444/2025 y su Decreto Reglamentario N° 4535/2025 introdujeron un cambio estructural en el proceso de emisión de la Cédula Mipymes. El sistema pasó de un esquema mayormente manual a uno automático, dotado de interoperabilidad y orientado al usuario. Esto permite ampliar de manera sustancial el alcance del registro, con actualización permanente de datos y fortalecimiento de la seguridad jurídica.
Las nueva normativa apuntó mayor cobertura de la cedulación, reducción de la carga administrativa y mejores condiciones de acceso a los beneficios del sistema formal. Esto, teniendo en cuenta que el desarrollo de las Mipymes es considerado un eje clave del crecimiento económico y la generación de empleo en el país.
Las cédulas fueron emitidas por el Viceministerio de Mipymes del MIC, a través de la Dirección General de Formalización y Registro.
Beneficios de la cedulación
De acuerdo con la Ley N.° 7444/2025 y su reglamentación, la cédula permite el acceso a beneficios e incentivos para el sector. Las disposiciones buscan consolidar un ecosistema más inclusivo para el desarrollo de las Mipymes, consideradas un eje clave del crecimiento económico y la generación de empleo en el país.
Las microempresas que obtengan la cédula cuentan con exoneraciones por un periodo de tres años y, posteriormente con descuentos del 75% para microempresas y del 50% para pequeñas empresas sobre los tributos vinculados a servicios prestados por organismos del Gobierno Central, Entidades Descentralizadas, Municipalidades, Gobernaciones y dependencias del Poder Judicial.