El presidente de la República, Santiago Peña, encabezó la reunión del Consejo Nacional de Empresas Públicas, en la que se evaluó la situación financiera y operativa de las nueve empresas estatales. El encuentro tuvo como objetivo principal avanzar en un plan de acción conjunto para fortalecer su funcionamiento y mejorar los servicios que reciben los ciudadanos.
Participaron autoridades nacionales y los presidentes de cada una de las entidades públicas. En su intervención, el Presidente Peña enfatizó que “las empresas públicas no se privatizan: se ordenan y se fortalecen”, reafirmando el compromiso del Gobierno con una administración moderna, eficiente y orientada a resultados.
El mandatario subrayó la importancia de optimizar la calidad de los servicios estatales y solicitó a los titulares redoblar esfuerzos para acelerar soluciones. Además, instruyó a trabajar de manera coordinada para presentar medidas concretas que corrijan ineficiencias y aseguren la sostenibilidad financiera de las empresas.
Durante la reunión, el Viceministro de Economía y Planificación, Felipe González, actualizó sobre el estado financiero de las empresas públicas, señalando desafíos vinculados a obligaciones financieras internas, necesidad de intervención prioritaria en aspectos operativos y la promoción de inversiones estratégicas para la modernización institucional.
Por indicación del Presidente Peña, se instalará una mesa de trabajo permanente integrada por los presidentes y equipos técnicos de cada entidad. Esta instancia se encargará de revisar y ordenar las deudas interempresariales, establecer mecanismos de compensación realistas, diseñar estrategias para mejorar la gestión comercial y operativa, y optimizar el uso de bienes y recursos estatales para evitar duplicaciones y pérdidas.
La Dirección General de Empresas Públicas (DGEP) asumirá la coordinación técnica con el Consejo Nacional y será la responsable de reportar al Ejecutivo las propuestas y avances de las instituciones involucradas.
El Gobierno reafirma así su compromiso con la mejora continua de la gestión pública para garantizar servicios de calidad y una administración responsable de los recursos del Estado.