El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, ha exigido una investigación inmediata sobre el operativo policial masivo en Río de Janeiro que dejó más de 130 muertos, mientras que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados ha enviado una solicitud formal para evaluar la detención del gobernador Cláudio Castro, afín a Bolsonaro, quien inició el operativo.
El político de derecha, miembro del Partido Liberal, ya ha sido citado a declarar por el ministro Alexandre de Moraes, el poderoso juez del Supremo Tribunal Federal (STF) sancionado por Estados Unidos por promover medidas arbitrarias contra Jair Bolsonaro y todo su entorno, en el marco de la acusación de “golpe de Estado”, impulsado por Lula da Silva. El magistrado hoy exige que Castro “rinda cuentas sobre el operativo”.
Además, la próxima semana, Castro será juzgado por un presunto caso de corrupción que data de 2022, lo que podría costarle su mandato y propiciar elecciones anticipadas en el estado de Río de Janeiro.
Los ojos del mundo siguen puestos en Río de Janeiro, aún conmocionada por la gran cantidad de víctimas del martes pasado. Mientras se llevan a cabo los funerales, la controversia se intensifica y salen a la luz nuevos detalles. En particular, la atención se centra en un expediente enviado al gobierno de Donald Trump. Un documento que el gobierno del estado de Río de Janeiro entregó directamente al consulado de Estados Unidos.
El informe, elaborado por la División de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Palacio de Guanabara, identifica al Comando Vermelho como una organización terrorista con ramificaciones y actividades en Estados Unidos, detallando su expansión por toda Norteamérica y señalando a Penha y Alemão como sus principales bastiones.
La iniciativa, según explicaron los aliados de Castro, responde a la iniciativa de la administración de Trump, que pretende incluir al Comando Vermelho en la lista de organizaciones terroristas, tal como ya lo hizo con el Tren de Aragua y el Cártel de Soles, ambos venezolanos. Contra los mismos, la Casa Blanca impulsa una campaña de bombardeos navales, incluyendo ejecuciones sumarias de presuntos narcotraficantes.
Según el New York Times, muchos en Brasil interpretaron la demostración de fuerza de Castro como un “intento de obtener apoyo político para las elecciones de 2026”, dado que la seguridad en el país sigue siendo un tema central en las encuestas electorales.
En Brasil, la lucha solitaria del gobernador de Río de Janeiro contra el poder expansivo y dominante del narcotráfico en diferentes zonas del Estado es objeto hoy del debate político, en una nación ya polarizada. Por ejemplo, el presidente de la Agencia Brasileña de Turismo, Marcelo Freixo, del gobierno de Lula da Silva, calificó la megaoperación como una “masacre electoral planificada políticamente”.
Los aliados de Lula coinciden en calificar de masacre a la megaoperación de Río, en el marco de una “maniobra electoral”, dicen. “Fue un espectáculo montado sobre la muerte y las lágrimas de cientos de madres”, expresó el líder del Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva. Y el informe enviado a Trump también fue cuestionado por miembros del oficialismo. El ministro de Seguridad, Ricardo Lewandowski, expresó su «sorpresa por la falta de aviso previo al gobierno federal».
Los grupos conservadores, cercanos a Jair Bolsonaro –quien ya fue condenado por Moraes a nada menos que 27 años de prisión- están decididos a proteger a Castro, quien también fue citado por el ministro Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal (STF) para comparecer el 3 de noviembre y brindar aclaraciones.
Una delegación de gobernadores llegó a Río, encabezada por Jorginho Mello (PL) de Santa Catarina, mientras que parlamentarios liberales del partido de Bolsonaro aprovechan la campaña electoral de 2022, cuando Lula visitó el complejo Alemão para un mitin en un “gesto de reconciliación con la periferia”, insinuando cercanía con el Comando Vermelho.
De hecho, el hoy presidente de Brasil mantuvo varios encuentros con los líderes de las favelas durante toda su campaña electoral, buscando votos de los residentes de la periferia de Río de Janeiro, que suman más de dos millones de personas.
Los delincuentes que atacaron a los policías en Río se habrían entrenado en Ucrania
«Tenemos información de que una facción [del Comando Vermelho] viajó a Ucrania para entrenarse en este tipo de ataques contra la policía. ¿Acaso alguien todavía piensa que no son terroristas?», escribió en su cuenta de X el senador Flávio Bolsonaro.
Durante la operación Contención, realizada este 28 de octubre por la policía de Río de Janeiro, se reportó que narcotraficantes vinculados con el Comando Vermelho utilizaron drones para lanzar explosivos contra las fuerzas del orden.
Al menos 115 presuntos delincuentes fallecieron por estos hechos, mientras que las autoridades aseguraron más de 100 armas, municiones y varias toneladas de droga, según informó la Policía Civil de Río de Janeiro.
El Comando Vermelho es una organización criminal en Brasil dedicada al narcotráfico, la extorsión y el secuestro, entre otros delitos. Dicha asociación delictiva mantiene el control de distintos puntos de Río de Janeiro.
Diversos reportes de prensa dan cuenta de que Ucrania se ha convertido en una especie de «campo de entrenamiento» para integrantes del crimen organizado en distintas latitudes. En México, por ejemplo, el diario Milenio reportó que una unidad del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) habría recibido adiestramiento en dicho país para manejar drones en contextos de guerrilla urbana.
Fuentes: @ansabrasil @sputnik