El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, dijo que no aceptará la “politización” de la megaoperación lanzada contra el Comando Vermelho, que resultó en más de 130 muertos y causó fuertes repercusiones nacionales e internacionales. El gobierno central de Lula da Silva se negó a enviar apoyo de las fuerzas militares, presuntamente porque el estado es gobernado por un partidario de Jair Bolsonaro. Mientras tanto, los medios hablan de “masacre”, y la ciudad se encuentra sitiada por la violencia, amenazando la seguridad del país y de la región.
“Basta ya de crímenes que destruyen familias en Brasil”, expresó el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al tiempo de pedir una “enmienda constitucional para unificar las fuerzas policiales”. El mandatario utilizó las redes sociales para comentar el operativo policial masivo llevado a cabo en Río de Janeiro, el más sangriento en la historia del estado, que dejó al menos 138 muertos.
“Con la aprobación de la Ley de Seguridad, que hemos enviado al Parlamento, garantizaremos que las distintas fuerzas actúen conjuntamente contra las facciones criminales”, afirmó el mandatario sobre un proyecto, estancado desde abril, que ha vuelto a poner en el debate político.
Mientras tanto, la violencia en las calles de Río de Janeiro no para, y el gobernador Cláudio Castro sigue la batalla contra el narcotráfico sin apoyo del gobierno central. En varias oportunidades había solicitado la colaboración de las Fuerzas Armadas para la megaoperación que enfrenta hoy al narcotráfico, sin respuesta hasta el momento.
Tras recibir la visita de los ministros del gobierno de Lula, como única respuesta al conflicto desatado en el estado, Castro declaró: “El gobernador de este estado no va a responder ante ministros ni autoridades que quieran convertir este momento en una batalla política. No caeremos en la trampa de polarizar una de las acciones más importantes que jamás hayamos emprendido”.
Por otra parte, en la fecha -30 de octubre-, el Gobierno de Río envió al presidente norteamericano, Donald Trump, un dossier sobre el Comando Vermelho que fue entregado al consulado de Estados Unidos en la ciudad carioca. Esto, teniendo en cuenta que fueron identificadas amificaciones y actividades de la organización terrorista en Estados Unidos.
Medidas judiciales habrían aumentado el poder del crimen
El titular del poder ejecutivo de Río de Janeiro, Cláudio Castro, se reunió, por videoconferencia, con los gobernadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); Santa Catarina, Jorginho Mello (PL); Minas Gerais, Romeu Zema (Novo); Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil); y Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil).
«Me alegró ver que todos se dieron cuenta del impacto que algunas acciones judiciales tuvieron en el crecimiento de estas organizaciones criminales en Río», dijo Castro. Después de numerosos intentos frustrados de capturar a los líderes de la organización criminal, protagonista de un proceso imparable de expansión en las periferias de Río de Janeiro, la policía decidió golpear al Comando Vermelho en el corazón, asestando un duro golpe al grupo criminal más poderoso de la ciudad y segundo en Brasil.
La operación del 29 de octubre, que terminó con más de 130 muertos, tuvo como objetivo las áreas de los Complejos de Alemao y da Penha, consideradas desde los años 80 como el feudo inexpugnable y «cuartel general» de la organización.
El Comando Vermelho, fundado a finales de los años 60, se dedica al tráfico y venta de cocaína imponiendo a la vida de Río de Janeiro una lógica de violencia y una economía paralela para los residentes, transformando las favelas en territorios de guerra.
La operación fue planificada con el objetivo de capturar a un centenar de traficantes vinculados al Comando Vermelho, protagonistas de la nueva fase de ascenso del grupo, que obtuvo recientemente el control en numerosas favelas y barrios antes controlados por milicias paramilitares, derrotadas en sangrientas luchas de facciones rivales de narcotraficantes.
Esta fase de expansión se originó tras la “paz criminal” firmada con el Primeiro Comando da Capital (PCC), la principal organización del país con base en San Pablo. El acuerdo, alcanzado después de años de conflictos, permitió a los dos grupos evitar enfrentamientos directos, intercambiar rutas de drogas, recursos y construir estrategias compartidas de lavado de dinero.
El pacto permitió al Comando Vermelho destinar cada vez más hombres y recursos al proyecto de dominio sobre Río de Janeiro. Así, desde 2022, el grupo reforzó el control de amplias áreas de la zona norte y de la zona oeste de la ciudad.
Según la Policía Militar, de las 1.625 áreas en el estado con presencia de grupos armados, el 62% está controlado por el Comando Vermelho, el 21,5% por el Terceiro Comando Puro (TCP) y el 12,5% por milicias paramilitares. El principal responsable de esta expansión es, según los investigadores, Edgar Alves Andrade, de 55 años, conocido como Doca o Urso, objetivo número uno de la gran operación, quien nuevamente escapó de la captura.
Con una lista de 273 antecedentes penales y 32 órdenes de captura pendientes, estuvo prófugo durante siete años, Doca es el responsable de que hoy el Comando Vermelho se encuentre presente en al menos 15 estados brasileños. Esto, gracias a una red que maneja el tráfico de drogas y armas e impone, a través de empresas de fachada, la provisión de servicios de transporte, internet y gas dentro de las favelas, asegurándose enormes ganancias.
A pesar de las masivas pérdidas sufridas, el Comando Vermelho sigue siendo el grupo más estructurado y arraigado en el narcotráfico en Río. El golpe asestado no impide la regeneración de nuevos líderes listos para disputar el control de la facción, alimentando un conflicto que la ciudad aún no logró extinguir.
La Corte Suprema cita al gobernador de Río
En el marco de una maniobra política del partido oficialista, liderado por Lula da Silva, el presidente del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, ya ordenó al gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, que presente aclaraciones detalladas sobre la operación policial “más letal en la historia del estado”, que hasta el momento ha cobrado al menos 138 vidas.
La decisión responde a una solicitud del Consejo Brasileño de Derechos Humanos, que solicitó información oficial sobre el número de fallecidos, los métodos empleados y los protocolos para prevenir abusos y violaciones de derechos fundamentales. Moraes programó la audiencia para el 3 de noviembre, citando a Castro, al secretario de Seguridad Pública, a los jefes de la Policía Militar y Civil, y al director de la Policía Técnico-Forense de Río. También comparecerán el presidente del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, el fiscal general del estado y el defensor público general.
Se debe recordar que Moraes tuvo un papel decisivo en la causa de presunto golpe de Estado contra Jair Bolsonaro, censurando la libertad de expresión e imponiendo medidas inlcuso contra personas que no están acusadas de algún delito. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, de los Estados Unidos, ha acusado al juez de “violador de los derechos humanos”, imponiendo sanciones contra su “red de apoyo”.
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