El juez penal de ejecución del Juzgado de San Lorenzo, Víctor Benítez, expresó su preocupación por la reiterada falta de cumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de personas condenadas o beneficiadas con medidas alternativas a la prisión.
Benítez explicó que, a pesar de los beneficios otorgados por la justicia, como la Suspensión de Ejecución de la Condena o la Suspensión Condicional del Procedimiento, muchos obligados no respetan las reglas de conducta establecidas para mantener dichos beneficios. «Me corresponde controlar el cumplimiento de sus obligaciones para que puedan seguir gozando de sus beneficios: en un caso para no ir a la cárcel y en el otro para evitar un juicio oral», señaló.
El magistrado alertó que ante el incumplimiento reiterado puede ampliar el plazo para el pago o, en casos de nulo interés, revocar el beneficio. Sin embargo, muchas resoluciones de revocatoria son apeladas y los tribunales superiores vuelven a conceder nuevas oportunidades, generando una sensación de injusticia para las víctimas, principalmente los niños que reclaman la prestación alimentaria.
Preocupante es la situación en que defensores públicos, a menudo sin contacto con sus defendidos, apelan revocatorias y plantean la extinción de la deuda, como denunció el juez al referirse a un caso con una deuda superior a 16 millones de guaraníes, priorizando el derecho del acusado sobre el interés superior del niño.
Benítez enfatizó que la instancia de ejecución, cuyo fin es garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas y reglas impuestas, a veces se convierte en un proceso dilatorio que afecta directamente los derechos fundamentales de los menores, como la alimentación y el bienestar, derechos que «no pueden esperar».