El Estado paraguayo ha dado cumplimiento a la publicación de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, en el caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa, del pueblo Enxet Sur, asentada en el Chaco paraguayo. El tribunal internacional determinó que Paraguay vulneró los derechos a la vida, a la propiedad comunitaria, a las garantías judiciales y a la protección judicial.
En junio de 2005, la Corte IDH declaró responsable al Estado paraguayo por la violación de derechos fundamentales de la comunidad, al no restituir sus tierras ancestrales y mantenerla por años en condiciones de extrema precariedad. La misma vivía al costado de una carretera, sin acceso a medios básicos de subsistencia ni a servicios adecuados de salud y educación.
Como parte de la sentencia, el tribunal internacional ordenó al Estado paraguayo:
- Restituir el territorio tradicional de la comunidad.
- Garantizar bienes y servicios básicos mientras se concretaba la restitución.
- Crear fondos para la compra de tierras y programas de desarrollo comunitario.
- Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad.
Este fallo reafirma el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales y la obligación del Estado de garantizar condiciones dignas de vida, preservando la cultura y la identidad de las comunidades originarias.
En ese marco, el Gobierno del Presidente Santiago Peña ha priorizado el trabajo de la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CICSI), bajo la coordinación del Vicepresidente de la República Pedro Alliana.
Dicha instancia ha avanzado significativamente en el cumplimiento de las sentencias internacionales, con la provisión de servicios básicos, infraestructura y acompañamiento comunitario a la comunidad Yakye Axa y también a otras comunidades indígenas como Sawoyamaxa y Xamok Kasek, que cuenta con fallos similares.