Ante los casos recientes de asesinato de mujeres por parte de sus parejas o exparejas, el Ministerio de la Mujer convocó a la Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la Mujer, “Mesa PREVIM”, integrada por 17 instituciones públicas y dos organizaciones de la sociedad civil. En este marco, se acordaron ocho acciones de combate, como la ampliación del uso de tobilleras electrónicas, el tratamiento para agresores, nuevas propuestas preventivas, entre otros.
La Mesa PREVIM, liderada por la ministra de la Mujer, Cynthia Figueredo, impulsa un enfoque participativo para hacer frente al flagelo de la violencia extrema contra la mujer, teniendo en cuenta sus múltiples dimensiones. Se reúne, periódicamente para evaluar y revisar avances, desafíos, y para acordar nuevas acciones que respondan de manera integral a este flagelo.
Durante la reciente reunión, la primera acción acordada fue ampliar la Acordada Nº 1779/2025, lo que permite amplificar el uso de tobilleras electrónicas a todo el territorio nacional. De esta manera, serán aplicables a todas las circunscripciones judiciales y también en los fueros Penal Ordinario, Penal de la Niñez y Adolescencia, Ejecución Penal y Juzgados de Paz.
Esta medida se fundamenta en el gran valor de estos dispositivos para fortalecer el sistema de protección y las medidas cautelares, bajo la coordinación del Ministerio del Interior, a través del Sistema de Monitoreo de Dispositivo Electrónicos de Control (SIMDEC).
Verificar la reinserción social de agresores
Durante la reunión también se acordó la evaluación de personas reincidentes en hechos de violencia. Se acordó elevar una nota a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio de la Defensa Pública y al Ministerio Publico, a fin de realizar una revisión, actualización y aplicación de test psicotécnicos para la evaluación de personas reincidentes en hechos de violencia, proponiendo para ello; la conformación de una mesa de trabajo con participación de las instituciones involucradas (MDP, CSJ y MP), a fin de la unificación de criterios entre los profesionales del área y la validación de un instrumento único.
También se recomendó la evaluación de los informes psicológicos utilizados para la aplicación de medidas de protección, con el objetivo de verificar si efectivamente corresponde la reinserción de los agresores. Se propone una revisión rigurosa antes de aplicar nuevas medidas, considerando una evaluación socioambiental y el perfil del evaluador.
La Mesa también acordó la “necesidad urgente de contar con el Manual para el Tratamiento de los Agresores”, así como con equipos especializados, conforme lo establecido en la Ley N.º 5777/2016, en su artículo 22 inciso f. Este punto hace referencia a la guía ya desarrollada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que está en proceso de implementación oficial.
En cuando a la prevención de la violencia y la formación de formadores, la Mesa PREVIM acordó que liderará este entrenamiento de “facilitadores de la Igualdad”, a fin de llevar adelante la política de prevención, inicialmente entre los servidores públicos. El mismo será impartido desde el Instituto Técnico Superior de Formación para la Equidad
La Mesa PREVIM también trató el Proyecto de Ley de Juzgados Especializados en Violencia contra las Mujeres, y decidió convocar a una reunión exclusiva y extraordinaria para su tratamiento, con las autoridades de los tres poderes del Estado.
En esta instancia participativa también se leyó la nota de la Coordinadora de los Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) que expresa preocupación sobre los últimos hechos de violencia contra las mujeres, y se acordó convocar a la organización con el objetivo de implementar acciones de manera articuladas con la Mesa PREVIM.
Finalmente, la Mesa PREVIM abordó la convocatoria pública del Ministerio de la Mujer a las Organizaciones de la Sociedad Civil para integrar la Mesa PREVIM. Solo fueron presentadas tres carpetas de postulación, las cuales serán evaluadas para la nueva conformación de esta instancia.
Durante la última reunión, la Mesa PREVIM tuvo participación de dos organizaciones representantes de la sociedad civil, la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) y la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (Tedic), además de 17 instituciones públicas. Entre ellas, la Policía Nacional del Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de la Defensa Pública (MDP), Corte Suprema de Justicia (CSJ).
También participaron representantes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), Ministerio de Desarrollo Social (MDS), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.