El Ministerio de Salud lanzó un innovador plan piloto en el marco del Plan de Acción SUMAR contra el abuso de drogas, con equipos multidisciplinarios y la introducción de una nueva figura clave: los gestores de casos. Estos cumplirán un rol central en el modelo de atención, asegurando el avance en el tratamiento. La iniciativa responde a una necesidad urgente de mejorar el acceso, la calidad y la continuidad del servicio, hacia la reinserción social de las personas.
El plan piloto es implementado por la Dirección Nacional de Salud Mental, con el objetivo de mejorar el abordaje integral del tratamiento brindado, a través de la conformación de equipos multidisciplinarios, integrados por psicólogos, psiquiatras. A través del trabajo conjunto entre los profesionales de salud, los gestores de casos y las familias, se apunta no solo mitigar los efectos del consumo de drogas, sino también a restaurar la funcionalidad de las personas y facilitar su reinserción social.
En este marco, los gestores de casos tendrán la responsabilidad de conectar los distintos niveles del sistema de salud y sostener los procesos de recuperación en el tiempo, sobre todo en poblaciones con múltiples vulnerabilidades.
La propuesta se implementará en centros de referencia de Asunción y del departamento Central, donde se desarrollan psicoterapias individuales y grupales como nueva modalidad de tratamiento denominada “SUMANDO Resiliencia y Recuperación”. También se llevan adelante procesos de fortalecimiento de los mecanismos de referencia y retorno entre servicios, con el objetivo de acompañar de forma sostenida a las personas en recuperación.
Como parte de esta estrategia, se han iniciado acciones de formación y fortalecimiento de capacidades dirigidas a los equipos de salud involucrados en el plan piloto. Además, se promueve activamente la articulación con grupos de ayuda mutua como Narcóticos Anónimos (NA) y Alcohólicos Anónimos (AA), reconociendo el valor del apoyo comunitario en los procesos de rehabilitación.
Este modelo de atención constituye un paso concreto hacia una política de salud pública inclusiva y basada en la evidencia, que reconoce las adicciones como condiciones crónicas que requieren seguimiento sostenido, intervenciones adaptadas y una red de contención sólida.