La viceministra del MEF, Andrea Picaso, presentó las innovaciones de la Ley N° 7445/25 “De la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil”, que entrará en vigencia próximamente, estableciendo un cambio estructural en el régimen de empleo público. El objetivo es su profesionalización, hacia una administración más moderna y eficiente del Estado en Paraguay.
La presentación se realizó en marco del Seminario de Derecho Administrativo, organizado por la Procuraduría General de la República, la Asesoría Jurídica de la Presidencia, el Instituto BCP, el INAPP y el Consejo de Abogados del Estado. Además, contó además con la participación del abogado Orlando Vignolo, experto internacional en derecho administrativo.
Durante su ponencia, la viceministra de Capital Humano y Gestión Organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, destacó que la nueva norma representa un avance sustancial en la profesionalización del servicio civil, con el foco en el capital humano.
“Hablar de la función pública y la carrera del servicio civil es hablar de las personas. Un servicio civil profesionalizado tiene impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos, en el ingreso per cápita y en la eficiencia del gasto público”, afirmó Andrea Picaso. En este sentido, la ley vigente, N° 1.626, significó un avance al momento de su promulgación, pero tiene limitaciones para su efectiva aplicación.
Entre las principales innovaciones de la Ley N° 7445/25 “De la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil”, la viceministra subrayó el sistema de progresión de carrera para todas las instituciones públicas. Introduce dos modalidades: el ascenso vertical mediante concurso y la promoción horizontal, basada en el cumplimiento de competencias y condiciones establecidas. Además, se respeta la autonomía de los poderes y órganos del Estado, y las carreras con regímenes propios.
La normativa establece que el ingreso y la promoción deben realizarse mediante concursos, respetando las atribuciones constitucionales de los diferentes Poderes del Estado, municipios y universidades. Además, se aplicará una evaluación de desempeño anual obligatoria para todos los servidores públicos.
En cumplimiento con la Carta Iberoamericana de la Función Pública
La nueva Ley N° 7445/25 cumple con criterios establecidos en la Carta Iberoamericana de la Función Pública, como preeminencia de las personas, profesionalidad como garantía de calidad, estabilidad y eliminación de la privación arbitraria, flexibilidad para adaptarse a los cambios del entorno, entre otros.
Reduce el número de cargos de confianza a cuatro por institución, estableciendo para el resto del cuerpo directivo procesos de selección abiertos y centralizados. Además, prohíbe el nepotismo y el uso indebido de influencia en la designación de cargos de confianza. “Este modelo de dirección pública es uno de los más modernos de la región”, enfatizó Andrea Picaso.
La normativa también establece un régimen del empleo público para los contratados, quienes al finalizar sus vínculos laborales pasarán gradualmente a aportar al sistema previsional, incorporando también el concepto de indemnización por término de contrato, lo que otorga mayor reconocimiento a su situación de dependencia laboral.
Además, los funcionarios podrán conseguir la estabilidad laboral tras dos años ininterrumpidos de servicio en la Función Pública, luego de haber ingresado por concurso público. Los derechos colectivos adquiridos son respetados dentro de la normativa, aclarando que todo servidor público tendrá derecho de sindicalización y derecho a huelga.
También se contemplan los derechos individuales, como las remuneraciones de acuerdo con lo que se establezca en las leyes especiales que regulan las distintas carreras de la Función Pública y sus normas reglamentarias, aguinaldo, vacaciones, permisos y descansos, seguridad social, entre otros.
“Creemos que estos cambios nos permitirán transitar hacia un nuevo modelo de gestión pública, más profesional, transparente y alineado a las exigencias del contexto global actual”, sostuvo la viceministra Andrea Picaso.
El proceso de elaboración de la nueva normativa que rige el servicio público incluyó un amplio diálogo con actores clave, como gremios, el sector privado y representantes de la sociedad civil.