Las tensiones siguen aumentando en Bolivia debido a las violentas protestas contra el gobierno del presidente conservador Rodrigo Paz, elegido el 8 de noviembre. La Unión Europea pide calma mientras Estados Unidos habla de “un golpe de Estado financiado por criminales”. Al menos 127 personas fueron arrestadas en medio de una escalada de protestas y enfrentamientos que mantienen a Bolivia en una de sus mayores crisis políticas y sociales, en un contexto de polarización de la política interna y externa.
Este martes 19 de mayo fue una jornada marcada por saqueos, incendios provocados, ataques a edificios públicos y enfrentamientos con la policía en la capital. Según el gobierno de Bolivia, las manifestaciones están encabezadas por sindicatos, campesinos y partidarios del expresidente Evo Morales, y forman parte de una estrategia de presión política destinada a desestabilizar a la actual administración.
Desde hace semanas se están llevando a cabo manifestaciones y piquetes en Bolivia, convocados por sectores considerados cercanos al expresidente Evo Morales, como campesinos, maestros rurales, cultivadores de coca y trabajadores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB).
«Ya no toleraremos este tipo de abusos contra la población. Estos criminales han sobrepasado todos los límites», declaró el comandante de la Policía Nacional, Mirko Sokol. Y en el plano internacional se emitió un comunicado conjunto de la Unión Europea y las embajadas de Alemania, España, Francia, Italia y Suecia en La Paz, que condenó los actos de violencia en la nación andina, instando a la calma y al diálogo “con respeto a la democracia, el orden constitucional y las instituciones del Estado”.
En una carta abierta, 31 exjefes de Estado del grupo denominado Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, pidieron a la Organización de los Estados Americanos, OEA, que supervise los acontecimientos en el país argumentando que «la manipulación política de las protestas sociales, en la experiencia boliviana, busca socavar la estabilidad de las instituciones democráticas». Entre los exmandatarios se encontraban los bolivianos Jeanine Áñez (2019-2020) y Jorge Quiroga (2001-2002).
La postura del gobierno de Estados Unidos fue mucho más contundente: Durante una conferencia organizada por la Americas Society/Council of the Americas, el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, afirmó que lo que está ocurriendo en Bolivia es “un golpe de Estado, financiado por esta alianza impía entre la política y el crimen organizado en toda la región”.
Evo niega campaña contra Rodrigo Paz
El expresidente boliviano Evo Morales negó este martes que su espacio político, “Evo Pueblo”, esté promoviendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz. “Las movilizaciones buscan que el Gobierno atienda las demandas sociales y económicas de la población”, afirmó durante una entrevista con Canal Red Latinoamérica, al tiempo de rechazar que su sector impulse una salida anticipada del mandatario o elecciones adelantadas.
La capital boliviana amaneció nuevamente militarizada tras los violentos choques registrados el lunes entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Miles de policías fueron desplegados alrededor de la Plaza Murillo, donde se encuentran el histórico Palacio Quemado y la sede del Parlamento, mientras las autoridades reinstalaron barricadas en los accesos al centro político de La Paz.
En paralelo, el Gobierno emitió una orden de captura contra Mario Argollo, dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB) y uno de los principales líderes de las movilizaciones, acusado de promover acciones que alteraron el orden público.
Pese a ello, grupos de manifestantes mantienen la presión sobre el Ejecutivo y continúan reclamando la renuncia del presidente, en una jornada para la que se dieron nuevos bloqueos y marchas en los principales accesos a la capital.
En este marco, también se pronunció la Iglesia Católica. El secretario de la Conferencia Episcopal Boliviana, Giovani Arana, pidió “abrir canales de diálogo”. “La población está sufriendo y es necesario detener esta espiral de confrontación», afirmó, al tiempo de criticar «la intransigencia de los grupos radicales».
Petro pide a EE. UU. “no atacar a Evo Morales”
«Le solicito al gobierno de EEUU no atacar al expresidente Evo Morales. No confundir la lucha social de campesinos cultivadores de hoja de coca con narcotráfico. Esperar la conclusión del panel de expertos de la comisión sobre drogas de la ONU», afirmó el presidente colombiano, Gustavo Petro, desde su cuenta de X.
El mandatario colombiano sostuvo que «un ataque a un expresidente legítimo y dirigente indígena como Evo Morales, solo llenará de sangre toda la América Latina», al tiempo que pidió a Washington respetar la diversidad y abrir el camino al diálogo.
Petro ha estado muy activo en sus redes sociales frente a la situación social por la que atraviesa Bolivia. El fin de semana, el presidente sostuvo que las protestas bolivianas obedecían a una «insurrección popular» y eran «la respuesta a la soberbia geopolítica», en una alusión clara a los gobiernos conservadores de América.
En este contexto, acusó a su par de Argentina, Javier Milei, de estar del lado de la represión en La Paz. “La colaboración de Milei con la represión al pueblo de Bolivia se parece a cuando Hitler ayudó a Franco con bombardeos alemanes Nazis”, afirmó Petro.
Las declaraciones de Petro desataron la molestia de la Cancillería boliviana, que advirtió que sus afirmaciones “no reflejaban la buena relación entre los dos países” y le recordó que los problemas internos se resolvían entre ciudadanos de ese país.
Mientras tanto, la crisis boliviana se profundiza en un escenario de alta polarización política, tanto interna como externa, mientras el Gobierno busca contener las protestas y diversos actores sociales y religiosos intentan evitar una escalada mayor del conflicto.
20 años de cárcel para Morales, por “trata agravada”
Resulta llamativo que las protestas en Bolivia estallaron justo en el tiempo en que el expresidente boliviano fuera acusado de “trata agravada”. La Fiscalía ha solicitado una pena de 20 años de prisión para el expresidente Evo Morales por una presunta relación que mantuvo en 2015 con una menor de 16 años, de la cual nació una hija.
Según la fiscalía, los padres de la niña la entregaron al entonces jefe de Estado a cambio de favores políticos y beneficios económicos. La Fiscalía afirma haber reunido más de 170 pruebas y 39 testigos para sustentar el caso.
Morales niega todos los cargos y denuncia “persecución política”, exigiendo un juicio imparcial y el respeto a la presunción de inocencia, y se ocultó en Chapare, bastión de los cocaleros en Cochabamba, protegido por sus seguidores. Debido a que no acudió al juicio que debía realizarse el 12 de mayo pasado, el tribunal de Tarija lo declaró en rebeldía y ordenó una orden de captura internacional, en coincidencia con la escalada de los actos de violencia de sus seguidores en el país andino, iniciados en mayo.
Fuentes: @ansa.it @ansalatina