Desde el inicio del actual Gobierno, Paraguay y Brasil ejecutaron un total de 16 operaciones conjuntas, denominadas “Nueva Alianza 55”, principalmente en Amambay y Canindeyú. La iniciativa estratégica permitió erradicar 3.541 hectáreas de cultivos de marihuana y causar más de USD 1.600 millones en pérdidas al narcotráfico, consolidándose como una de las estrategias de cooperación internacional más contundentes contra el narcotráfico en la región.
La Operación Nueva Alianza 55 culminó este 10 de mayo de 2026, luego de casi tres años de trabajo conjunto, iniciado en la asunción del presidente Santiago Peña, en agosto de 2023, en marco de la responsabilidad compartida en la lucha antinarcóticos Paraguay—Brasil, a través de la Secretaría Nacional Antidrogas, de Paraguay, y la Policía Federal de Brasil.
Durante este periodo, las fuerzas operativas de la SENAD y efectivos de la Policía Federal del Brasil desmantelaron 1.218 campamentos narcos y bases logísticas utilizadas para la producción y acopio de drogas en áreas boscosas.
En los campamentos fueron incautados 623.967 kilogramos de marihuana procesada y cosechada, tanto picada como prensada, lista para su distribución hacia mercados ilícitos de la región, principalmente el Brasil.
De acuerdo a estimaciones técnicas realizadas por la SENAD, entre los cultivos erradicados y la droga lista sacada de circulación, las operaciones desarrolladas desde agosto de 2023 permitieron retirar del mercado criminal más de 11.246.000 kilogramos de marihuana.
Para dimensionar la superficie erradicada al narcotráfico se debe tener en cuenta que 3.541 hectáreas equivalen a más de 4.900 campos de juego similares al estadio Defensores del Chaco, que en este caso se encontraban completamente cubiertos con cultivos ilícitos. De esta manera, la Operación Nueva Alianza logró debilitar las finanzas, la logística y la capacidad operativa del crimen organizado transnacional.
Por Paraguay, las acciones estuvieron coordinadas por el Gobierno a través de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), con el apoyo del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) y el Ministerio Público.