El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó este miércoles la Ley que establece la rectoría estatal sobre el transporte público terrestre, modifica la Ley N° 1590/2000 y pone a los usuarios en el centro. La normativa fortalece el control del sistema, garantiza derechos ciudadanos y moderniza un servicio esencial para millones de paraguayos.
El acto, realizado en presencia de la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Ing. Claudia Centurión, el viceministro de Transporte, Econ. Emiliano R. Fernández, intendentes municipales y representantes del Congreso, marca un hito tras más de 20 años sin reformas. “Esta reforma representa darle una respuesta a millones de paraguayos que todos los días hacen enormes sacrificios para trasladarse, con cansancio, con angustia y sin certezas”, enfatizó el mandatario.
Cambios clave para un servicio obligatorio y de calidad
La Ley declara el transporte público como un servicio imprescindible, de prestación obligatoria y continua, eliminando discrecionalidades. Entre sus avances:
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Cumplimiento estricto: Horarios, recorridos y frecuencias son obligaciones legales, con sanciones económicas automáticas y rescisión de concesiones por incumplimientos reiterados.
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Transparencia total: Publicación de datos abiertos sobre operaciones, subsidios y pagos para control ciudadano.
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Integración tarifaria: Con billetaje electrónico, los usuarios pagan un primer pasaje y realizan trasbordos sin costo adicional; un tercer tramo es reducido o gratuito, ahorrando en viajes diarios.
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Reorganización operativa: Crea Unidades Funcionales y corredores troncales con planes únicos de rutas, flotas, frecuencias y estándares, más nuevas áreas metropolitanas en regiones del interior.
Estado activo para un futuro sostenible
Peña subrayó que esta reforma responde a una “deuda histórica” y forma parte de políticas de Estado a largo plazo. El Gobierno recupera el rol rector del Estado, adaptando el sistema al crecimiento urbano y las demandas reales, para un transporte seguro, digno y eficiente.
Con esta ley, Paraguay avanza hacia un sistema moderno que acompaña el desarrollo nacional y eleva la calidad de vida de sus ciudadanos.