El Presidente de la República, Santiago Peña, firmó la actualización del decreto que reglamenta la Ley N.° 1618/2000 “De Concesiones de Obras y Servicios Públicos”, con el objetivo de modernizar las reglas para las inversiones privadas en infraestructura y fomentar la generación de empleos en Paraguay.
La reforma, elaborada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), actualiza el Decreto N.° 11.967/2001 tras casi 25 años, incorporando ajustes normativos, institucionales y de procedimiento para fortalecer la cooperación entre el sector público y privado en proyectos estratégicos.
El nuevo decreto señala la necesidad de que el Estado mejore su gestión en obras y servicios públicos, mediante la concertación, regulación, desconcentración, fiscalización y promoción de inversiones, promoviendo una participación conjunta inteligente entre iniciativa privada y pública en beneficio de la ciudadanía.
Entre las innovaciones destacan: la apertura para que las entidades concedentes puedan recibir y analizar propuestas privadas en etapas de prefactibilidad y factibilidad, asegurando un proceso transparente para presentación y evaluación de proyectos. También nuevos incentivos y garantías para empresarios privados, como premios en la valoración de ofertas, derecho de tanteo para igualar ofertas mejores y reembolso de costos de estudios en caso de no adjudicación, fortaleciendo la seguridad jurídica y competitividad del sistema, y además una mayor rigurosidad en la evaluación técnica, económica y ambiental, junto a la obligación de presentar cartas de financiamiento para asegurar la viabilidad y transparencia de los proyectos.
El Presidente Peña resaltó que “un Paraguay que crece y se levanta es un país donde trabajamos unidos para que, con más inversión en infraestructura, logremos más desarrollo y bienestar para todos los paraguayos”, reafirmando su compromiso con un Estado moderno, eficiente y abierto a la inversión productiva.
Con esta modernización, el gobierno promueve el desarrollo de concesiones de obras y servicios públicos como herramientas clave del derecho administrativo, posicionando al sector privado como socio estratégico para el crecimiento económico y la mejora de la calidad de vida en Paraguay.