El Banco Central del Paraguay (BCP) puso en marcha una consulta pública sobre un nuevo reglamento dirigido a los Proveedores de Servicios de Pago, llamados PSP. El objetivo es definir qué entidades entran en esta regulación, qué roles cumplen dentro del ecosistema de pagos y qué información deben divulgar para garantizar la transparencia.
Esta iniciativa surge a raíz de la Ley Nº 7503/2025, conocida como “Sistema Nacional de Pagos”, promulgada el 27 de junio de 2025. La ley le da al BCP la función de regular a los PSP, establecer los roles y requisitos que deben cumplir, crear registros obligatorios y establecer normas para proteger la información y los datos de las personas y empresas que participan en el sistema de pagos.
El reglamento propuesto busca, en concreto, inscribir de forma obligatoria a los PSP en los registros del BCP y especificar reglas sobre varios temas clave. Entre ellos están la protección y la posible segregación de fondos de comercios y usuarios, la claridad en la información que se comparte con los usuarios y la atención adecuada a estos. También se incluyen estándares mínimos para la protección de datos, la seguridad de la información y la ciberseguridad, entre otros aspectos que buscan aumentar la seguridad y la confianza en las transacciones.
El BCP invita a participar a todas las personas y a las distintas entidades que forman parte del mundo de los pagos, así como a la ciudadanía en general. Se solicita revisar el texto del reglamento y enviar comentarios, sugerencias y aportes para enriquecer la normativa.
El contenido completo del reglamento está disponible para su descarga. Para dejar comentarios, el BCP habilitó un formulario en su sitio. El plazo para recibir estas observaciones es hasta el 12 de noviembre de 2025.
Si eres usuario, comerciante o profesional del sector, tu opinión es importante, ya que puede ayudar a crear un marco regulatorio más claro y seguro para todos. Para acceder al reglamento y al formulario de comentarios, consulta la página oficial del BCP.
El BCP reitera su compromiso con la seguridad, la protección de datos y la transparencia dentro del sistema de pagos paraguayo, al tiempo que anima a la participación pública para avanzar hacia un marco regulatorio sólido y participativo.