Durante una conferencia de prensa, Ricardo Preda, abogado del presidente Santiago Peña, cuestionó la denuncia penal presentada por legisladores opositores, calificándola de inconsistente y carente de fundamentos jurídicos sólidos para iniciar un proceso penal.
Preda explicó que el supuesto incremento patrimonial señalado en la denuncia corresponde a un período en que Peña no ejercía funciones públicas y aclaró que el aumento de patrimonio en la actividad privada no tiene relevancia penal. Además, destacó que los hechos aislados presentados no permiten presumir delito alguno.
Sobre las acusaciones de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias, abuso de poder y manejo irregular de recursos públicos, el abogado rechazó cada punto por basarse en conjeturas y ausencia de pruebas. En particular, aclaró que la participación minoritaria del presidente en una sociedad vinculada a un caso posterior de lavado de dinero no tiene relación con Peña y que nunca existió un negocio directo entre él y la persona imputada.
Respecto al supuesto tráfico de influencias por participación en Ueno Holding y empresas que participaron en licitaciones, enfatizó que no se aportó ningún hecho concreto que relacione al presidente con irregularidades.
Sobre el vehículo Land Cruiser mencionado en el caso de los pupitres chinos, Preda afirmó que la información es falsa y recordó que en diciembre de 2022 Peña no era candidato electo ni estaba involucrado en adjudicaciones estatales, las cuales dependen de un consejo binacional y no del presidente.
En cuanto a bienes y propiedades atribuidos a Peña y la primera dama, aclaró que esta última no es funcionaria pública y que gran parte del patrimonio del mandatario fue adquirido antes de su gestión pública. Destacó que la casa en San Bernardino se construyó con un crédito bancario dentro de un proceso financiero legal.
También desmintió irregularidades en la emisión de facturas a nombre de terceros y rechazó las acusaciones basadas en audios de una exfuncionaria sobre sobres con dinero, indicando que no existen evidencias de coimas y que el manejo de dinero en efectivo no implica delito.
Finalmente, Preda sostuvo que no existe inversión en la carga de la prueba y reiteró la importancia de un Estado de derecho que impida que se abran investigaciones con base en suposiciones para evitar persecuciones políticas. Confirmó la disposición del presidente a someterse a investigaciones formales que determine el Ministerio Público, negando que haya sido procesado o imputado hasta el momento.
El equipo jurídico de Peña atenderá cualquier procedimiento en el marco legal correspondiente, resaltó el abogado.