Las máximas autoridades del Estado paraguayo se reunieron en una Cumbre de Poderes, liderada por el presidente Santiago Peña, para concertar acciones que impulsen la lucha contra la corrupción en el país. En este marco, las autoridades renovaron su compromiso de apoyar y colaborar para que no queden sin sanción los responsables de violar el orden jurídico. Entre otras cosas, se anunció la instalación del primer Consejo Nacional Anticorrupción en el país.
La reunión de altas autoridades se realizó en el marco de la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción, aprobado el 23 de noviembre del 2023, fruto de la primera Cumbre de Poderes el 20 de agosto del 2023, de la cual salió la Ley 7.389/2024, y cuyo primer Consejo Nacional Anticorrupción se instalará en los próximos días. “La lucha contra la corrupción en todos sus estamentos y órganos es una preocupación constante y permanente de las autoridades firmantes”, señala el comunicado.
La Cumbre de Poderes contó con la participación del presidente del Congreso de la Nación, el senador Basilio Núñez; el diputado nacional y presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre; el presidente de la Corte Suprema, César Diesel; el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón; y el contralor general de la República, Camilo Benítez.
“Las instituciones constitucionales y legales deben funcionar y todo el peso de la ley debe caer inflexiblemente”, señala parte del comunicado oficial emitido por la Cumbre de Poderes. El documento también se expresa que el gobierno garantizará la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información pública.
Tras la Cumbre, las autoridades de los poderes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los extra-poderes Ministerio Público y Contraloría General emitieron un comunicado conjunto de las decisiones adoptadas. “Hemos reafirmado el deseo de seguir luchando cada uno en nuestros espacios, pero uniéndonos entre todos para que el Paraguay pueda seguir avanzando y progresando”, sentenció el presidente Peña.
A continuación, las declaraciones conjuntas emitidas:
- Condenar absoluta y enérgicamente todo y cualquier acto, que suponga la desnaturalización, corrupción o direccionamiento de los órganos constitucionales legítimamente constituidos.
- Asumir el compromiso de reafirmar dentro del marco de la independencia de poderes y órganos de que las instituciones republicanas funcionarán cada una en su ámbito para que los hechos que sean denunciados sean esclarecidos y que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables.
- Proclamar, defender y garantizar la libertad de prensa como una herramienta absolutamente imprescindible para la vigencia de la democracia y la transparencia. En ese contexto, asumieron el compromiso de que los periodistas que se encuentren denunciando hechos tengan la debida protección jurídica y física para poder ejercer su misión.
- Instar a la clase política sin distinción de banderías, movimientos o partidos a colaborar con las autoridades legítimamente constituidas en la búsqueda de soluciones en la lucha contra la corrupción, evitando así, la irrupción de elementos mesiánicos que se aprovechen de coyunturas para socavar las instituciones democráticas, abiertas y republicas, de las que goza el Paraguay desde el año 1989.
- Ratificar el compromiso de que todos los poderes y órganos firmantes, seguirán implementando y profundizando la Estrategia Nacional de Combate contra la Corrupción, aprobada el 23 de noviembre del 2023, la cual según dijo, ya ha venido siendo trabajada por las distintas instituciones y que incluye entre sus puntos, al fortalecimiento de los órganos constitucionales legítimamente constituidos.
- Instar al respeto de los objetivos, misiones y plazos en la investigación penal, en consideración de que los sujetos procesales deben contar con todas las evidencias legales para efectuar sus requerimientos y el debido respeto a las garantías constitucionales.
- Instar a la implementación de la «iniciativa 28» de la Estrategia Nacional de Combate contra la Corrupción, aprobada por las autoridades firmantes, la cual se refiere en concreto a la situación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), a través de la cual se comprometen a activar los mecanismos para que los miembros de dicho estamento, impulsen y alcancen la aprobación de un reglamento que imponga restricción a los miembros del JEM, de mantener reuniones o comunicaciones privadas con magistrados en general y que las comunicaciones de los miembros del Jurado -JEM- con cualquier magistrado deberán ser oficiales y públicas.
